Justicia y Seguridad en Argentina: El monopolio legítimo de la violencia, ¿estatal?

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La primera semana del año 2017 y los eventos que en ella transcurrieron, conllevan a la reflexión acerca de qué tan seguros viven los argentinos hoy en día. En este marco, el rol que ejerce la Justicia, ubicada dentro de uno de los tres poderes independientes de la República en su juego de balances y contrapesos, es vital a la hora de analizar incentivos y castigos que debieran otorgarse por violar la letra de la ley.

La seguridad es una palabra que tiene un significado importante dentro de la sociedad argentina. Por ello, no es de extrañar que el nuevo año haya comenzado con noticias tales como la aprobación de la Ley Integral de Seguridad Pública. Dicha legislación da nacimiento a un nuevo cuerpo de policía en la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Porteña, la cual combina efectivos de la Federal y de la Metropolitana. Fue presentada en público por el propio Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como una muestra del pase de competencias desde la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se observa aquí es el pasaje de una facultad inherente a la autonomía cada vez más amplia que Buenos Aires debe gozar, tal y como lo consagra su Constitución. Esta transferencia de competencias es uno de los temas de relevancia que trabajará arduamente la agenda 2017 del Consejo de la Magistratura capitalino.

Tampoco resulta raro que, junto a esa novedad, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, haya propuesto por orden del presidente Mauricio Macri, debatir una “renovación” del Código Penal en lo que respecta al régimen penal juvenil. En concreto, el oficialismo propuso debatir la baja en la edad de imputabilidad de los menores de 16 años a 14.

Con una lectura política de por medio, no es difícil notar por qué en un año electoral como el actual la propuesta oficial suscitó amplias opiniones: desde el acuerdo de Elisa Carrió y Sergio Massa, hasta la oposición del Frente para la Victoria o Margarita Stolbizer. Indefectiblemente, el debate en cuestión deberá darse en el marco del Congreso de la Nación, natural controlador del Poder Ejecutivo, de donde posiblemente pueda promulgarse una ley.

En la sociedad encontramos dos posturas en extremos opuestos sobre la reducción de la edad de punibilidad: por un lado, están aquellos que creen que reducir la franja etaria en la que los jóvenes irían a la cárcel por delitos graves como homicidio, violación o robo armado no es la condición sine qua non que garantiza una menor impunidad criminal; por el otro, la postura que sostiene que Argentina, junto con Brasil, son los únicos casos de América Latina en donde Poder Judicial del Estado no puede fallar con castigos proporcionales al crimen cometido frente a los menores de 15 años.

En concomitancia con lo anterior, el día martes 3, Rodríguez Larreta anunció que la nueva policía porteña también tendrá la función de controlar los piquetes. Paradójicamente, el jueves 5, la línea C del subte estuvo funcionando con servicios limitados gracias a un corte sorpresivo de trabajadores, encabezado por Néstor Segovia. La de intencionalidad política del evento fue clara.

Ahora bien, es necesario hacer una lectura amplia en lo que respecta a la aplicación de justicia en materia de seguridad. Dicho de otro modo, la seguridad (o la falta de ella) no solo se vincula a los delitos criminales perpetrados por terceros, sino que abarca esferas de diversa índole en donde el Estado Nacional, Provincial y Municipal debe actuar dentro de sus respectivas jurisdicciones. Por ejemplo, la Justicia Nacional, con absoluta potestad, aprobó el aumento del 375% en las tarifas del agua.

La Justicia, más allá de ser aquél precepto moral de darle a cada uno lo que le corresponde o merece, tiene otra acepción en la praxis cotidiana argentina: el derecho de los consumidores. Es aquí que, como también trabajará el Consejo de la Magistratura porteño en su agenda del 2017, es importante destacar el aval que la Justicia otorgó al gobierno acerca de la devolución del 5% del IVA sobre las compras hechas con tarjetas de débito. ADECUA, entidad con la que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad trabaja, también manifestó su apoyo.

En Argentina, el ejercicio de la violencia física por parte del Estado es, por lo menos, dudoso.

En ese contexto, la Justicia debe ocupar un lugar de vital importancia. Para eso, debe fortalecerse a partir de un control mutuo, sobre los procesos judiciales, entre distintos tribunales. Es decir, fortaleciendo la “accountability judicial.”

Adicionalmente, el transferir competencias desde la Justicia Nacional hasta Justicia de la Ciudad junto a una mayor apertura y accesibilidad a la información es hoy una tarea crucial en la que Argentina debe aún madurar.

Foto: Estado Internacional

Facundo Gabriel Rodriguez

Autor

Facundo Gabriel Rodriguez

Analista político interuniversitario. Aspirante a licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Argentina de la Empresa. Con formación en la Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Alemania.

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