Diamantes de sangre, ¿Tienen los días contados?

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La Unión Europea pretende acabar con la financianción a los señores de la guerra que comercian con piedras preciosas, motivo por el que estas joyas resultan más conocidas como diamantes de sangre. Los cristales así gestionados fomentan aún más la opresión y la masacre de miles de personas inocentes que se encuentran atrapadas en el conflicto bélico de donde los brillantes se extraen; sin embargo, distintas organizaciones cuestionan el alcance de las medidas aprobadas.


Un diamante de sangre, según la definición establecida por las Naciones Unidas, es una piedra preciosa “que se origina en las zonas controladas por fuerzas o facciones opuestas a gobiernos legítimos e internacionalmente reconocidos, y que se utiliza para financiar las acciones militares en contra de esos gobiernos o en contravención de las decisiones del Consejo de Seguridad”. En otras palabras, un diamante de sangre es cualquier cristal que se extrae en una zona de guerra.

La obtención y comercialización de estos diamantes de sangre queda fuera de toda legalidad ya que, en la mayoría de las ocasiones, se realiza recurriendo a trabajadores forzados e, incluso, a menores de edad. Además, los beneficios obtenidos con su venta en el mercado negro se emplean en la financiación de acciones bélicas, mediante el intercambio de armas por diamantes. Y a menudo, los diamantes se venden como joyas legítimas en el mercado internacional.

Aunque parezca contradictorio, la abundancia mineral de los países ricos en este tipo de piedras se convierte en una de las principales causas de la pobreza y explotación de sus habitantes. También es esta riqueza la que, frecuentemente, permite que se originen y se extiendan en el tiempo las acciones armadas que, de otra manera, no tendrían recursos para salir adelante.

Los diamantes de sangre han sido objeto de tráfico en países devastados por la guerra, como Angola, Sierra Leona, Costa de Marfil, Liberia, Congo y Zimbabwe. No obstante, el comercio ilegal ha cobrado impulso actualmente fuera de África, en naciones como Venezuela y Líbano; es más, Líbano no tiene yacimientos de diamantes pero, sin embargo, exporta más cristales de los que importa. Muchas voces señalan en este sentido que su objetivo es financiar las acciones de Al Qaeda.

RECONOCIMIENTO DE UN COMERCIO ILEGAL

El comercio ilegal de diamantes no fue reconocido oficialmente hasta 1997, cuando las Naciones Unidas sancionaron a Angola, prohibiendo la venta o compra de diamantes del país. Las estimaciones muestran que casi el 20 por ciento del comercio de diamantes en Angola fue derivado a fines ilegales, en su mayoría para financiar conflictos del territorio.

Mientras, Sierra Leona se independizó de Gran Bretaña en 1961 y el presidente alentó la producción ilegal de diamantes para reforzar el apoyo. En 1991 estalló la guerra civil y las piedras preciosas del conflicto jugaron un papel importante: los señores de la guerra trataron de hacerse con el control de las áreas clave de diamantes. Asimismo, según afirman expertos en el tema, “los combates tuvieron un saldo sangriento, con miles de mujeres violadas y tomadas como esclavas sexuales; por su parte, los niños fueron obligados a unirse a las milicias y más personas fueron asesinadas o masacradas”.

Bajo este contexto y tras diversas investigaciones se llegó a la conclusión de que con las sanciones mencionadas no se conseguían los resultados deseados y, para desarrollar medidas realmente efectivas, en el año 2003 la Organización de las Naciones Unidas aprobó el denominado “Proceso Kimberley”. Este tratado establece una serie de estrategias, que van desde la extracción en los países de origen a su comercialización en los países de destino, donde los consumidores pueden obtener datos sobre la legalidad de los diamantes que quieren comprar y una garantía plena de que no se tratan de diamantes de sangre.

DIAMANTES DE SANGRE EN EUROPA

Las principales instituciones comunitarias ­Comisión, Parlamento y Consejo­ han acordado recientemente que las compañías europeas que importan estaño, tantalio, tungsteno y oro deben acreditar que su origen es totalmente fiable y no han contribuido económicamente a perpetuar conflictos armados. Es más, fuentes cercanas agregan que “las compañías que no cumplan con los controles para demostrar el origen responsable de sus importaciones se enfrentarán a sanciones, y para evitar que haya infracciones por desconocimiento, las empresas recibirán recomendaciones sobre cómo mejorar la vigilancia e información sobre las circunstancias geopolíticas de las zonas en conflicto”.

Con todo, el camino hasta la aprobación final de la regulación que interrumpa el flujo de capitales hacia los contrabandistas llevará todavía meses. La razón se basa en que faltan por pulir los detalles técnicos de la nueva ley, que se basará en las recomendaciones de la OCDE y deberá contar con el visto bueno del Parlamento Europeo. Así, “entre los flecos por definir se encuentra la elaboración de una lista indicativa de áreas especialmente conflictivas, situadas mayoritariamente en África. Las empresas que importen desde otras zonas no quedarán exentas de pasar los controles, que únicamente no serán obligatorios para las pequeñas compañías, lo que responde, según Bruselas, al objetivo de que la vigilancia sea más efectiva y manejable”, añaden las mismas fuentes.

OBJECIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional ha criticado la exención para las empresas de menor tamaño, al estimar que permitirá a la mayoría de entidades operar sin rendir cuentas sobre el origen de los minerales. “Pese a la retórica de comercio responsable, Europa ha priorizado los beneficios sobre la gente. La extracción y la comercialización de minerales se han asociado a conflictos y abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. La UE es uno de los principales destinos para los minerales, con empresas que los introducen en Europa tanto en bruto como en productos de uso cotidiano, desde ordenadores portátiles y teléfonos móviles hasta motores y joyería”, protestan.

La asociación continúa subrayando que “el acuerdo representa un primer paso en la dirección correcta pero, en última instancia, la ley corre el riesgo de no alcanzar ni mucho menos su objetivo previsto. Los responsables de la adopción de políticas de la UE han cedido a las demandas de las grandes empresas al eximir de la ley a la gran mayoría de las empresas europeas que comercian con minerales”.

Más concretamente, Iverna McGowan, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, afirma que “la decisión adoptada es un intento incompleto de hacer frente al comercio de minerales procedentes de zonas de conflicto, que sólo someterá a controles básicos a las empresas que importen materiales en bruto. La Unión Europea tiene la obligación internacional de proteger los derechos humanos pero se ha quedado a medio camino a la hora de cumplirlos. Los inversores y consumidores europeos seguirán sin saber con certeza si las empresas con las que están tratando se comportan de manera responsable. Esta ley supondrá un cambio escaso, demasiado escaso”.

CRÍTICAS DE OTRAS ASOCIACIONES Y ONG’S

Michael Gibb, de Global Witness, asegura que “aunque reconocemos los esfuerzos de quienes, especialmente dentro del Parlamento, han luchado por una Europa en la que la conducta empresarial habitual sea una conducta responsable, nos decepciona que la UE no haya acompañado sus palabras con acciones. Mientras las leyes europeas se van quedando atrás respecto a las de otros países, la Unión Europea está convirtiéndose rápidamente en el eslabón débil de la cadena de suministros de minerales. Aunque el paso que se ha dado es importante, la UE debería haber ido mucho más lejos y haber aprovechado al máximo la oportunidad única que se le brindaba para cambiar realmente las cosas”.

Por su parte, Maria van der Heide, de Ayuda en Acción, pone de manifiesto que “esta ley no puede ser más que un primer paso. Debe implementarse rápidamente para que pueda hacerse pronto extensiva a las empresas que importan estos minerales como parte de productos manufacturados. Las comunidades que viven en zonas de conflicto o de alto riesgo sólo podrán beneficiarse de la riqueza de sus recursos y liberarse del círculo de violencia relacionado con el comercio de minerales de zonas de conflicto si las organizaciones adoptan prácticas de adquisición responsable a lo largo de toda la cadena de suministro”.

“Las comunidades que continúan soportando la carga del comercio irresponsable, así como las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, estaremos pendientes de que los gobiernos europeos demuestren que la ley cumple su promesa de asegurar que las empresas europeas adquieren sus suministros de manera responsable. Sólo entonces Europa y sus compañías formarán parte del progreso global para hacer las cadenas de suministro de minerales más transparentes, responsables y sostenibles”, concluyen.

Sólo el tiempo tiene la respuesta pero esperemos que todos los esfuerzos encaminados a acabar con la barbarie asociada a los diamantes de sangre sean válidos, consistentes y definitivos.

Susana Gil Rodríguez

Autor

Susana Gil Rodríguez

Licenciada en Ciencias de la Información, Rama Periodismo (Universidad San Pablo CEU de Madrid). Redactora en múltiples medios periodísticos de índole nacional e internacional

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